LUNES 23 DE AGOSTO DE 2010
¿Cuánto tiempo más?
Acabo de leer con calma el comunicado que publica la agencia anncol y que aparentemente firma el “Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP”, donde hacen un llamado a que se abra la posibilidad de que expongan su “visión sobre el conflicto colombiano” en la Asamblea de UNASUR, insistiendo en los 46 años de lucha que empiezan cuando el Estado ataca lo que Gómez Hurtado llamara “Repúblicas Independientes” en Marquetalia. Esto último siempre me ha llamado la atención, pues, a diferencia del Estado colombiano, que parece olvidar su historia, las FARC insisten en lo mismo, aunque hoy no le veo ya sentido.
El Ministro de Defensa, otrora precandidato Liberal contra Álvaro Uribe en 2006, crítico de la reelección y luego uno de los promotores de la segunda y posible candidato a la Presidencia por el partido PIN en 2006; no demoró en reaccionar vehementemente alegando la coherencia con la política de seguridad democrática, esa de la que todos hablan pero muchos aún no sabemos que implica pero sí que implicaciones ha tenido, buenas y malas. Enfatiza en últimas en la guerra y la victoria militar, esa que prometieron en 2002 y que aún hoy no ha llegado, como sí siguen llegando desplazados por millones a la capital, para encontrar una ciudad que los mira con desprecio pero continúa en la lógica de la guerra, sino que lo digan los estrategas de la seguridad urbana que ya no tienen más calabozos para tanta gente “indeseable”.
Yo soy un convencido de la Democracia y ello implica estar siempre abierto al diálogo y a compartir opiniones, posiciones, pero sobre todo y por encima de todo: argumentos. Para ponerle fin a esta guerra de décadas, algunos dirán aún que siglos, es menester tener la voluntad de hacerlo y para ello hay que soportar la política con argumentos y construir un proyecto de nación y de Estado, que incluya a todos como se quiso hacer, sin querer queriendo, en 1991. Un primer paso para ello sería aceptar el hecho evidente, de una vez por todas, de que estamos gastando cada vez más en defensa y seguridad, pero la violencia siempre vuelve como vemos hoy en la comuna 13 de Medellín, sí, esa que ya había sido “liberada” y que era un ejemplo de convivencia, según nos decían.
En 2010 el presupuesto para “Defensa y Seguridad” será de 21,123 billones[1] de pesos, de los cuales 2,175 son para inversión. En educación el rubro total es de 20,582 billones y solo 958,7 para inversión. En salud el rubro total es 29,495 billones. A esto agréguenle los 1,9 billones para la rama judicial y verán que un país en guerra tiene que priorizar la defensa sobre la educación, y un Estado enfermo tiene que buscar por todos los medio que sus unidades de producción no se mueran y que la justicia sea una esperanza que garantice el orden con la idea vaga de que algo mejor vendrá algún día.
No comparto nada con las FARC, nada con el ELN, nada con el EPL. Comparto todo con la Democracia, todo con el respeto a la decisión de las mayorías, siempre respetando los derechos de las minorías, incluido el que puedan algún día ser mayorías, como afirmara siempre Bobbio como la regla de oro de la democracia. Por eso no me da miedo sugerir que muchos contamos con suficientes argumentos para invitar a las guerrillas a dejar de lado la lucha armada, exigiendo, con la misma vehemencia, que el Estado garantice la Justicia y la no repetición de hechos deplorables, hoy imposibles de negar, como fueron el robo de tierras a la población más pobre, la captura del Estado por las peores mafias que ha dado esta “patria”, la corruptela de la política que hoy aceptamos cual lunar cancerígeno en el cuerpo, etc.
Una guerrilla desesperada en las montañas puede hacer el tránsito hacia una guerrilla activa en lo urbano, mediante actos terroristas que hoy ni los países más “avanzados” han logrado detener. Entre todos y todas tenemos que hacer un alto en el camino y comprender de una vez y para siempre que la guerra, la fiesta de la guerra como lo recordara Zuleta, tiene que acabar. Hoy muchos miran a Colombia como uno de los países con gran potencial y no alcanzo a imaginarme lo que podría venir el día que aceptemos el reto de construir la paz, empezando por la motivación en participar, que de seguro emergerá de las cenizas de ese conflicto que hoy vivimos sin más. Tenemos todo para ser una gran Nación y contar con un Estado Social de verdad y más allá de la anotación constitucional.
¿Cuánto tiempo más tendremos que esperar para dejar de lado la agresión, la intolerancia y la estupidez de la guerra? ¿Cuánto tiempo más tendremos que esperar para superar la falacia que se quiere presentar a partir de la distinción entre buenos y malos? ¿Cuánto tiempo más tendremos que esperar para lograr lo que Álvaro Gómez denominaba el acuerdo sobre lo fundamental?
[1] Cifras según proyecto de presupuesto presentado al Congreso por el gobierno nacional el 29 de Julio de 2010.
JUEVES 19 DE AGOSTO DE 2010
¿Y entonces?
Tras el debate de ayer en el Congreso, en el que el Representante a la Cámara Iván Cepeda logró exponer con bastante claridad el problema de la violenta expropiación de tierras por parte de quienes han logrado mayor acumulación de capital en Colombia, lamentablemente muchos en conexión directa o indirecta con el narcotráfico; queda claro que un paso necesario para la paz es la adecuada reparación a las víctimas. Esto incluye un marco legal para la recuperación de millones de hectáreas que han sido usurpadas a la población más pobre del país con la famosa amenaza: “o me vende usted o le compro a su viuda”.
Habría que agregar, lamentablemente, que el problema no es solo en términos de la concentración de tierra en unas pocas familias u organizaciones, muchas mafiosas, sino en la lógica perversa con que se mira la producción en el sector rural. Esta, parte de una relación casi feudal de servidumbre, donde se pueden evidenciar infinidad de casos donde el “patrón” logra que sus “trabajadores” ingresen al SISBEN, e inclusive, me atrevo a decir, a programas como “familias en acción” (¿o es en “coacción”?). Mucho me temo que modelos como el que se planteó en su momento para el tan sonado caso Carimagua iban en esa dirección. Si la gran propiedad es la única posibilidad de empleo, pues ya ni las ciudades son una opción evidente, o si no mírese el caso de Ibagué y Pereira y sus índices de desempleo; esta no tiene por qué respetar la formalidad de una relación laboral como estipula la ley, en su sentido original, más no en las desviaciones posteriores.Jamás se me olvidará el comentario de una gran amiga de Córdoba cuando alegaba que en su casa eran muy responsables pues a todos los “trabajadores de la finca” los tenían en el SISBEN. Ello evidencia que se ha vuelto casi “natural” considerar que quienes trabajan la tierra y quienes ponen a marchar el ganado no se diferencian en gran medida de las plantas y los animales, que en este país muchas veces sobreviven por la gracia de quien sabe qué.
El problema de tierras va más allá y debe abordar el problema de la condición y la conciencia humana que tanto se ha perdido. De lo contrario terminaremos devolviendo u otorgando tierras a seres humanos que algunos ilustres se niegan a considerar como tales, y por ende lo que haremos será redistribuir nuevos espacios de miseria, ya no alrededor de los centros urbanos, sino lejos y aún más excluidos; mientras que quienes usufructuaron esa riqueza de manera ilegal, o al menos injusta, gozarán de la acumulación de capital que lograron, y emanaran una leve sonrisa de saber que en eso que dejaron bien se pueden morir quienes lo “recuperaron”.¿Y entonces?
